El fenómeno de la okupación preocupa a muchos españoles, que no se sienten seguros y temen que la casa que quieren alquilar sea okupada. ¿En qué regiones de España se practica más la okupación? ¿Dónde existe un mayor riesgo de que nuestra casa sea okupada? Recientemente el Ministerio del Interior se hizo eco de un informe según el cual en España se presentaron 6.648 denuncias por casos de okupación entre los pasados meses de enero y mayo. Es una cifra alta, aunque inferior a la del año pasado, pues entonces en los cinco primeros meses del año se presentaron 7.485 denuncias. Es importante recalcar que las casas preferidas por los que allanan viviendas ilegalmente son aquellas que se encuentran vacías, lo cual origina un especial temor entre los propietarios que tienen inmuebles vacíos, como es lógico. Volviendo al informe del ministerio, la comunidad española que más denuncias de okupación registra es, con una mayoría abrumadora, Cataluña. Allí se interpusieron 2.798 denuncias en los cinco primeros meses del año. Muy por detrás se sitúa Andalucía, con 1.036 denuncias, seguido de Comunidad Valenciana (716 denuncias), Comunidad de Madrid (649) y Castilla-La Mancha (300). En el otro lado de la balanza, la Ciudad Autónoma de Melilla presentó el menor número de denuncias (tan sólo 2), seguida de la Ciudad Autónoma de Ceuta (3 denuncias) y La Rioja (19 denuncias). Cabe destacar que sólo en dos comunidades las denuncias subieron respecto al año pasado: Canarias (234 denuncias frente a las 215 de 2022) y Asturias (29 frente a las 24 del año pasado).

¿UN PROBLEMA SOCIAL?

Así lo cree el 77% de los españoles (según un informe realizado por la empresa aseguradora Línea Directa) pues considera que la okupación es un problema social en España al que debe buscarse remedio. Según el informe de la aseguradora, el 24% de los españoles considera que hay posibilidades medias o altas de que okupen su vivienda. No es un porcentaje bajo en absoluto, lo cual debería servir para tratar de buscar la fórmula que ponga fin a este problema. ¿Qué puede hacerse al respecto? Según el informe de la aseguradora, la mayoría de los españoles (un 66% de los encuestados) se decantan por endurecer las penas a los infractores y acelerar los procesos de desalojo. Un 45% opina que habría que aumentar el número de viviendas sociales, y un 31% cree que el problema podría resolverse intensificando la actuación policial. Donde sí que parece que hay consenso es en el tema de las penas: el 73% considera que son muy leves o insuficientes, mientras que sólo un 21% estima que son adecuadas pero que es la justicia quien no está a la altura. No resulta llamativo que entre las comunidades con más preocupación se sitúen a la cabeza Cataluña, Andalucía y Cantabria (ya hemos visto cuáles son los datos de okupación en territorio andaluz y catalán). Hay que tener en cuenta que en Cataluña el escenario de la okupación es especialmente dramático (para hacerse una idea basta considerar que las cifras de la okupación en el territorio catalán se cuadruplican comparadas con las de la comunidad de Madrid).

UN CRECIMIENTO A CONSIDERAR

Echando la vista atrás, observamos que hay un crecimiento del fenómeno de la okupación que cuando menos debería considerarse. En los últimos cinco años las infracciones penales relacionadas con esta práctica aumentaron en España un 37%. En cifras, observamos que hemos pasado de 12.214 denuncias en el año 2018 a 16.726 en 2022, con el añadido de que en 2021 se llegó a la cifra de 17.274 denuncias (máximo histórico hasta la fecha). Hace unos meses hablábamos en este blog de la nueva Ley de Vivienda y entonces ya constatábamos la preocupación de bastantes propietarios sobre la indefensión que existe cuando una vivienda es okupada. También hablamos este blog de cómo en Países Bajos la okupación es casi residual gracias a leyes creadas para combatir esta práctica. Sea como fuere, se trata de un tema sensible para la opinión pública española al que deberá buscarse una solución cuanto antes adoptando las políticas que correspondan.

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