La morosidad y los posibles desperfectos que puedan originarse en el inmueble son los principales temores los españoles que alquilan una vivienda. También la okupación o los límites al precio del alquiler figuran entre las preocupaciones del arrendador español, pero son el impago por parte del inquilino y el mal uso que éste pudiera hacer de la casa sus principales inquietudes. Así se deduce de algunos estudios realizados recientemente por consultoras del sector inmobiliario. En realidad no estamos hablando de nada nuevo, pues estas dos cuestiones siempre han sido un quebradero de cabeza para el propietario español que decide alquilar un inmueble. Ambas situaciones, la morosidad y el destrozo de la vivienda por parte del inquilino, suponen un problema doble para el propietario: por un lado, el prejuicio económico que ello implica, pero además el desgaste emocional que supone tener que hacer frente a situaciones de estas características. Hay que tener en cuenta que cuando se decide actuar por la vía legal no suele haber una resolución rápida, pues el proceso es muy probable que se prolongue durante meses (a veces, incluso más de un año), lo cual implica una incertidumbre tremenda para el que lo padece. A diferencia de otros países que cuentan con una legislación que se ocupa de estos problemas, como por ejemplo Países Bajos, en España no tenemos leyes que resuelvan con rapidez y eficacia este tipo de cuestiones, por lo que existe cierta sensación de indefensión por parte del propietario cuando tiene que hacerlas frente.

MEDIDAS SÍ, PERO CON COMPENSACIONES

Los propietarios son conscientes de que la futura Ley de Vivienda (siempre en el horizonte pero a la vez siempre pendiente de un hilo, dadas las dificultades para alcanzar acuerdos que saquen la ley adelante) puede ser un punto de inflexión para el alquiler en España. Según los estudios realizados por diferentes consultoras (en total se hicieron más de 800 entrevistas a pequeños propietarios), seis de cada diez arrendadores muestran su inquietud ante un posible intervencionismo del Estado en el tema del alquiler. Un 60% de los propietarios de inmuebles que se alquilan cree que si el Estado toma cartas en el asunto a través de limitaciones de precios o medidas antideshaucios, el mercado del alquiler se resentiría y la oferta de viviendas para el alquiler decrecería. Ello no quiere decir que los propietarios se nieguen a asumir ningún tipo de intervencionismo por parte del Estado, pero les gustaría que si tienen que aceptar medidas tengan a cambio compensaciones. Casi un 70% abogaría por tener incentivos fiscales, un 75% apuesta también por que se acelere la expulsión de los inquilinos en caso de incumplimiento de contrato (siempre y cuando se haya dictado sentencia previamente, como es lógico), y un 73% es partidario de poder consultar el historial de impagos del inquilino antes de alquilar su vivienda.

EL PROPIETARIO OPINA

Resulta curioso que, según las entrevistas realizadas, un 62% de los propietarios admiten que los precios de los alquileres son altos o muy altos. De igual manera, un 78% cree que reducir el plazo de desahucio en caso de impago ayudaría a poder bajar el precio de los alquileres. Por otra parte, el 68% de los propietarios se muestra en contra del Decreto-ley 37/2020 (dicho decreto suspende el procedimiento de desahucio durante el estado de alarma), un 62% considera que el aval de dos meses que actualmente asume el inquilino es insuficiente, un 57% cree que no basta con actualizar anualmente el alquiler con el IPC y un 80% cree que serían necesarios más incentivos fiscales para el propietario.

Imágenes: jcomp